El dictamen pericial y la responsabilidad extracontractual del estado por falla médica

Abstract

En los procesos judiciales, donde se discute una falla en la prestación del servicio médico respecto de entidades del orden estatal, el órgano encargado de dirimir este tipo de conflictos considera que puede acudirse a cualquiera de los medios de prueba establecidos en la legislación colombiana para probar los hechos que interesan al proceso, a lo que se le ha llamado “libertad probatoria”, por lo que se ha señalado que este tipo de asuntos requieren de diversas pruebas tales como testimonios, historia clínica, indicios, informes y dictamen pericial; este último, requerido para ilustrar sobre especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos con los que el juzgador no cuenta, ha tenido un mérito suasorio mayor en este tipo de procesos. Es así como, aunque el juez está facultado para formar libremente su convencimiento cuando se alega una mala praxis médica y la consecuente responsabilidad del Estado, lo cierto es que, al realizar un estudio de las sentencias emitidas en la materia por el Consejo de Estado para el periodo 2020-2021, se evidenció la importancia insoslayable que dicha Corporación le otorgó al dictamen pericial, de manera que la labor probatoria para quienes acuden a la administración de justicia resulta compleja pues, de no contar con este, será casi imposible que se acceda a las pretensiones de la demanda dado que, según la tendencia de esa Corporación, solo con este se determinará si los galenos actuaron contrario o no a la lex artis, lo que se traduce en una tendencia negativa hacia un estándar probatorio que establece como único modo para acreditar la alegada falla médica, la existencia de un perito que así lo determine, o en últimas, una tarifa legal para probar que el daño irrogado fue consecuencia de la conducta –activa u omisiva– de los médicos tratantes.