Pertinencia legal y jurisprudencial de las medidas de aseguramiento privativas de la libertad bajo la ley 906 de 2004 en el distrito judicial de tunja entre los años 2010 a 2012

Abstract

El derecho penal es el instrumento de control social por excelencia, su monopolio radica exclusivamente en cabeza del Estado, que ostenta el ejercicio de la fuerza y la represión por medio de una atribución que no es irrestricta, pues desde la teoría política clásica, tanto antigua como moderna, se reconoce que dicha facultad solo debe ser ejercida en casos excepcionales, en cuanto que la regla general dentro de los modernos Estados de derecho, implica tanto la conservación de la libertad como la inviolabilidad de los derechos básicos y fundamentales de los asociados; incluida, desde luego, la presunción de inocencia, la cual debe ser desvirtuada por el aparato judicial dentro de un proceso ajustado a derecho. En nuestro país, esta regla general que comprende la libertad y la presunción de inocencia, se ha visto seriamente amenazada por una amplia serie de fenómenos políticos y sociales que van desde el populismo judicial hasta el desconocimiento, por parte de los legisladores y de algunos funcionarios judiciales, de los requisitos necesarios para la imposición de medidas cautelares personales privativas de la libertad. Estos fenómenos hacen parte de cierta tendencia social fortalecida por algunos sectores políticos, que desde los medios de comunicación propenden por el endurecimiento de las penas y la casi generalización de medidas de aseguramiento privativas de la libertad, vistas como la única salida viable para combatir la criminalidad.

Criminal law is the instrument of social control par excellence, its monopoly lies exclusively in the head of the State, which boasts the exercise of force and repression by means of an attribution that is not unrestricted, since from classical political theory, both ancient As modern, it is recognized that this power should be exercised only in exceptional cases, inasmuch as the general rule within modern states of law implies both the preservation of freedom and the inviolability of the basic and fundamental rights of associates; Including, of course, the presumption of innocence, which must be undermined by the judicial apparatus within a process regulated by law. In our country, this general rule, which includes freedom and presumption of innocence, has been seriously threatened by a wide range of political and social phenomena ranging from judicial populism to ignorance by lawmakers and some officials Judicial, of the necessary requirements for the imposition of personal precautionary measures involving deprivation of liberty. These phenomena are part of a certain social tendency strengthened by some political sectors, which from the media tend to harden penalties and the almost generalization of custodial assurance measures, seen as the only viable way to combat crime.