La convención americana de Derechos Humanos” como límite a la imposición arbitraria de medidas de aseguramiento en investigaciones que afecten la vida, libertad, integridad personal y sexual de menores de edad

Abstract

La Ley 1098 de 2006, o Código de Infancia y Adolescencia, busca garantizar el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en Colombia, en concordancia con la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Sus principales objetivos incluyen la protección y restablecimiento inmediato de sus derechos, la prevención de vulneraciones, la garantía de igualdad y dignidad sin discriminación, y la promoción del respeto por la vida y la integridad de los menores. En ese sentido, la ley, en algunos de sus apartes como norma especial, regula disposiciones del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal, prohibiendo la concesión de beneficios administrativos y legales a quienes hayan sido sancionados por delitos que afecten la vida, la libertad, la integridad personal y sexual de los niños. Asimismo, establece que, en el marco de una investigación por estas conductas, la única medida de aseguramiento aplicable sea la privación de la libertad en un establecimiento carcelario. Ahora, si bien la prohibición de beneficios jurídicos y administrativos para las personas condenadas por estos delitos responde a la prevención general como fin de la pena, buscando a través de su efecto disuasivo e intimidatorio evitar la comisión de futuras conductas, la restricción de alternativas distintas a la privación de la libertad para quienes se encuentran en etapa de investigación no puede fundamentarse en el mismo propósito, pues los objetivos de las medidas de aseguramiento son diferentes. Lo cual va en contravía de la CADH, tratado que forma parte del bloque de constitucionalidad. Por ello, esta investigación examina la norma en cuestión en relación con los tratados internacionales y su integración al ordenamiento jurídico interno, con el propósito de armonizar su aplicación y ofrecer soluciones al operador jurídico encargado de su implementación.