Modelo de justicia para la convivencia pacífica y vigencia de un orden justo en el acuerdo de paz de 2016, y sus alcances generales.

Abstract

Es posible debatir de múltiples maneras las negociaciones del gobierno colombiano con las FARC-EP, donde hay tantas opiniones frente a la eficacia y las reales iniciativas de la insurgencia y sobre todo de las posturas del gobierno para aceptar el abandono de armas del grupo negociador FARC las cuales nacieron en medio de la clandestinidad campesina. Es plausible afirmar que su lucha inicial fue el sueño por una fracción de tierra en donde subsistir y accesoriamente lograr que el Estado atienda los múltiples problemas que afrontan millones de personas que habitan en las zonas rurales de Colombia, y que posteriormente se fueron encausando en la procura de tomarse el poder del Estado. El primer avance sobre los acuerdos consiste en lograr un lenguaje común. En efecto, las partes se comprometieron a realizar en el campo colombiano cambios de fondo en el marco del “ordenamiento constitucional y legal”, lo que significa que tanto guerrilla como gobierno ceden proporcionalmente, hasta encontrarse en el punto de equilibrio y centro del camino –como diría Clausewitz– con un plan de choque para transformar el campo, concretado mediante dos instrumentos: la distribución masiva de seis millones de hectáreas de tierra y la asistencia técnica e inversiones en infraestructura física y social para adecuar la tierra y proporcionar a quienes habitan en ella condiciones de vivienda, salud, educación y trabajo. En la trascendencia del proceso de paz del año 2016, a la luz de los consultados se ha encontrado que fueron válidos y positivos para el país que venía con más de medio siglo de desangre a causa de las luchas del dominio político, teniendo de presente que dichos agravios de las guerrillas frente al Estado han gestado la búsqueda de la implementación de un nuevo modelo de política gubernamental en la cual se busque eliminar las barreras de las enormes discrepancias sociales, económicas, políticas y culturales entre otros, que ha dado lugar desde la colonización de estas tierras. 23 Por tal situación se evidencia la necesidad de analizar los Principios y valores de la justicia y su quehacer en la descripción de los diferentes procesos de paz o desmovilización con grupos al margen de la ley, siendo entonces consecuente con el análisis del modelo de justicia utilizado en el acuerdo final para la terminación del conflicto y la edificación de una paz estable y duradera entre el gobierno de Juan Manuel Santos y Las Fuerzas Armadas Revolucionarias De Colombia -Ejército Del Pueblo (FARC-EP) en el 2016, lo que claramente nos ha dejado consecuencias tanto positivas como negativas, principalmente con el gobierno sucesor que no dio continuidad con la línea de las negociaciones plasmadas en la Habana – Cuba. En términos generales, en relación a las variables seleccionadas para el desarrollo de esta ponencia, es posible afirmar que la pregunta inicial puede ser respondida de manera afirmativa. Aunque el progreso ha sido lento pero constante, los porcentajes de seguimiento han aumentado año tras año, lo que sugiere que se ha avanzado en el logro de los objetivos establecidos en materia de derechos humanos gracias a la justicia transicional. No obstante, existe una gran preocupación en lo que respecta a la violencia política en el país. El número de muertes y amenazas a líderes y lideresas sociales no muestra signos de mejoría, lo que podría obstaculizar los procesos de consolidación de la democracia en las zonas más afectadas tanto durante el conflicto armado interno como en la fase de pos-acuerdo. A pesar de esto, el análisis de este artículo indica que la variable relacionada con la reparación integral a las víctimas del conflicto armado es la más positiva. Es importante destacar que el trabajo de organizaciones protectoras de derechos humanos y diferentes organismos internacionales ha sido fundamental para proteger la integridad de la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que ha contribuido a la consolidación del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (SIVJRNR) y al avance en la protección de las víctimas. Sin embargo, los resultados más significativos se verán a largo plazo.