Responsabilidad patrimonial del Estado en el marco de la promulgacion del cese al fuego bilateral entre el Estado Colombiano y los grupos al margen de la ley.

Abstract

El Acuerdo de Paz alcanzado entre el Estado Colombiano en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP en el año 2016 representó un hito para la historia de Colombia, al poner fin a un conflicto de más de medio siglo con una organización que abarcó una gran parte del territorio nacional cometiendo crímenes de lesa humanidad. Pero, si bien, un amplio número de integrantes de esta agrupación fue respetuosa con lo acordado en el proceso de paz, otros continuaron con el ejercicio de labores militares al margen de la ley, conformando grupos disidentes, como el denominado Estado Mayor Central FARC-EP y el FARC-EP Segunda Marquetalia. Del mismo modo, otros grupos guerrilleros adquirieron mayor protagonismo en el conflicto armado, ocupando zonas que previamente ocupaba las FARC-EP, tal es el caso del Ejército de Liberación Nacional - ELN - Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Así las cosas, el actual gobierno del Presidente Gustavo Petro Urrego, dada la necesidad de adoptar medidas para erradicar el conflicto, o, por lo menos, mitigarlo, profirió cinco decretos el día 31 de diciembre de 2022 ordenando el cese al fuego bilateral para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2023 con las agrupaciones mencionadas anteriormente: Decreto 2656, Decreto 2657, Decreto 2658, Decreto 2659, Decreto 2660. No obstante, dentro de ese periodo se presentaron constantes ataques a la población civil por parte de estas organizaciones subversivas, circunstancias que generaron serios daños antijurídicos, en donde se activa la obligación del Estado para repararlos; en tal sentido, el objetivo principal de la presente investigación fue explicar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos ocurridos en el marco de la promulgación del cese al fuego bilateral entre el Estado colombiano y los grupos al margen de la ley.