Responsabilidad patrimonial del Estado en el marco de la promulgacion del cese al fuego bilateral entre el Estado Colombiano y los grupos al margen de la ley.

dc.contributor.advisorMuñoz Hernandez, Luis Antonio
dc.contributor.advisorClavijo Caceres, Darwin Gilberto
dc.contributor.authorOchoa Guiza, Jhonny Alexander
dc.contributor.authorMoreno Duarte, Jhonnier Andres
dc.coverage.spatialCúcutaspa
dc.creator.emailJhonnierandresmorenoduarte@gmail.comspa
dc.creator.emailJhonnyaochoa@gmail.comspa
dc.date.accessioned2024-11-06T20:11:31Z
dc.date.available2024-11-06T20:11:31Z
dc.date.created2024-08-23
dc.description.abstractEl Acuerdo de Paz alcanzado entre el Estado Colombiano en cabeza del Presidente Juan Manuel Santos y las FARC-EP en el año 2016 representó un hito para la historia de Colombia, al poner fin a un conflicto de más de medio siglo con una organización que abarcó una gran parte del territorio nacional cometiendo crímenes de lesa humanidad. Pero, si bien, un amplio número de integrantes de esta agrupación fue respetuosa con lo acordado en el proceso de paz, otros continuaron con el ejercicio de labores militares al margen de la ley, conformando grupos disidentes, como el denominado Estado Mayor Central FARC-EP y el FARC-EP Segunda Marquetalia. Del mismo modo, otros grupos guerrilleros adquirieron mayor protagonismo en el conflicto armado, ocupando zonas que previamente ocupaba las FARC-EP, tal es el caso del Ejército de Liberación Nacional - ELN - Autodefensas Gaitanistas de Colombia, y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Así las cosas, el actual gobierno del Presidente Gustavo Petro Urrego, dada la necesidad de adoptar medidas para erradicar el conflicto, o, por lo menos, mitigarlo, profirió cinco decretos el día 31 de diciembre de 2022 ordenando el cese al fuego bilateral para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2023 y el 30 de junio de 2023 con las agrupaciones mencionadas anteriormente: Decreto 2656, Decreto 2657, Decreto 2658, Decreto 2659, Decreto 2660. No obstante, dentro de ese periodo se presentaron constantes ataques a la población civil por parte de estas organizaciones subversivas, circunstancias que generaron serios daños antijurídicos, en donde se activa la obligación del Estado para repararlos; en tal sentido, el objetivo principal de la presente investigación fue explicar la responsabilidad patrimonial del Estado por los daños antijurídicos ocurridos en el marco de la promulgación del cese al fuego bilateral entre el Estado colombiano y los grupos al margen de la ley.spa
dc.description.abstractenglishThe Peace Agreement reached between the National Government headed by President Juan Manuel Santos and the FARC-EP in 2016 represented a milestone in the history of Colombia, putting an end to a conflict of more than half a century with an organization that covered a large part of the national territory committing crimes against humanity. But, although a large number of members of this group were respectful of what was agreed in the peace process, others continued to carry out military work outside the law, forming dissident groups, such as the so-called Central General Staff of the FARC-EP and the FARC-EP Second Marquetalia. Similarly, other guerrilla groups acquired greater prominence in the armed conflict, occupying areas previously occupied by the FARC-EP, such as the National Liberation Army - ELN - Gaitanista Self-Defense Forces of Colombia, and the Self-Defense Forces Conquistadoras de la Sierra Nevada. Thus, the current government of President Gustavo Petro Urrego, given the need to adopt measures to eradicate the conflict, or at least mitigate it, issued five decrees on December 31, 2022 ordering a bilateral ceasefire for the period between January 1, 2023 and June 30, 2023 with the aforementioned groups: Decree 2656, Decree 2657, Decree 2658, Decree 2659, Decree 2660. However, within that period, there were constant attacks on the civilian population by these subversive organizations, circumstances that generated serious illegal damages, which activates the State's obligation to repair them; In this sense, the main objective of this investigation was to explain the State's patrimonial responsibility for the unlawful damages that occurred within the framework of the promulgation of the bilateral ceasefire between the Colombian State and the groups outside the law.spa
dc.description.sponsorshipUniversidad Libre --- Facultad de Derecho, Ciencia Política y Sociales -- Maestría en Derecho Públicospa
dc.formatPDFspa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10901/30307
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dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa
dc.rights.licenseAtribución-NoComercial-SinDerivadas 2.5 Colombiaspa
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/co/spa
dc.subjectResponsabilidad del estadospa
dc.subjectCese al fuego bilateralspa
dc.subjectGrupos armados ilegalesspa
dc.subjectDaños antijuridicosspa
dc.subjectConflicto armado en Colombiaspa
dc.subjectProceso de pazspa
dc.subject.lembResponsabilidad del estadospa
dc.subject.subjectenglishState responsibilityspa
dc.subject.subjectenglishbilateral ceasefirespa
dc.subject.subjectenglishillegal armed groupsspa
dc.subject.subjectenglishillegal damagesspa
dc.subject.subjectenglisharmed conflict in Colombiaspa
dc.subject.subjectenglishpeace processspa
dc.titleResponsabilidad patrimonial del Estado en el marco de la promulgacion del cese al fuego bilateral entre el Estado Colombiano y los grupos al margen de la ley.spa
dc.title.alternativePatrimonial responsibility of the State in the framework of the enactment of the bilateral ceasefire between the Colombian State and the illegal armed groups.spa
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