Los derechos ambientales de los pueblos indígenas frente a la defensa de su territorio

Abstract

El problema de investigación se centró en analizar las fortalezas y las deficiencias de las normas sobre el derecho ambiental que existe en Colombia para la protección de los territorios indígenas cuando estos están bajo la amenaza de una economía absorbente que ignora los límites ecológicos y sociales de estas comunidades. En Colombia existe una política económica frente al aprovechamiento de hidrocarburos y la extracción minera en los terrenos indígenas, contradiciendo sus compromisos ante la colectividad nacional e internacional relativa al cuidado o conservación de la naturaleza. Este doble discurso político genera incertidumbre en las personas pertenecientes a grupos indígenas que residen en una gran extensión del territorio colombiano, aunque, las leyes sobre el derecho a un ambiente sano han evolucionado al interior de nuestro país, estas han sido poco efectivas para preservar y salvaguardar los derechos ambientales de los indígenas en sus territorios, debido a las amenazas que genera las interacciones económicas producto de la globalización, que convierte al mercado en un aspecto desregulado, que únicamente busca la tendencia hacia el consumo humano. Si bien es cierto que, a los indígenas se les ha acreditado como individuos de especial protección y que también con más frecuencia se trata de regular y proteger el medio ambiente sano por medio del aparato legislativo y judicial del poder público, a través de leyes, decretos y jurisprudencia, su aplicación y protección se ve afectada, como quiera que estos derechos constitucionales muchas veces se contraponen con los intereses económicos y el desarrollo en general de la sociedad, por lo que se abordó igualmente las deficiencias del marco normativo en relación a los derechos que se pretenden garantizar enfocándose en el ámbito de los resguardos y comunidades indígenas, esto teniendo en cuenta que una de las principales fuentes económicas y de desarrollo del país lo son el aprovechamiento de hidrocarburos y minerales, esto con la finalidad de encontrar las fortalezas y deficiencias en nuestro aparato normativo y poder así concluir las posibles consecuencias que tiene el Estado frente a la transgresión de los derechos en el territorio de las comunidades aborígenes.