Conflictos socioambientales en el Valle del Cauca, Colombia

Abstract

Si bien existe todo un conjunto normativo internacional que, en principio es progresista y proteccionista en materia ambiental, también se evidencian múltiples incumplimientos por parte de los Estados en las obligaciones comprometidas en vir- tud de estos, siendo permisivos con los intereses de empresas extranjeras que explo- tan sus territorios y a sus comunidades. Entre los factores en que coinciden la mayor parte de los conflictos socioambientales en Latinoamérica se encuentra que están caracterizados por una ausencia en la aplicación de una efectiva Justicia Ambiental por parte de los Estados a través de sus legislaciones, las cuales en muchas ocasiones son contrarias a los intereses de las comunidades que resisten en los territorios y que buscan la protección del medio ambiente, y se evidencia, a la vez que la legislación beneficia a intereses particulares ajenos a los nacionales. La desigualdad social y económica, además de la inequidad en la distribución de la riqueza, genera profundas diferencias en materia ambiental, existiendo un rol difuso del Estado que termina contraponiéndose a lo que beneficia al medio am- biente en su territorio y perdiendo así soberanía en las cuestiones agroalimentarias y energéticas que, en la mayoría de los casos, termina entregándose a particulares a quienes no les importa defender la vida, pues no habitan en la zona. Este contuber- nio entre Estado y multinacionales ha generado una credibilidad insuficiente en la institucionalidad lo cual genera que las comunidades busquen alternativas acudien- do a alguna de las ramas del poder político. La falta de credibilidad en las distintas ramas del poder político por parte de las comunidades ha sido atravesada por los distintos casos de corrupción en que se han visto implicados la mayoría de los Estados en América Latina y que según Trans- parencia Internacional (2017) se mantiene en la línea roja de mayores índices de co- rrupción; también se ve afectada por la incapacidad por parte de la institucionalidad de abordar los conflictos ambientales de manera consensuada con las comunidades, teniendo en cuenta sus particularidades y sus cosmovisiones en torno a sus maneras de habitar el mundo.