Delitos contra la industria de los hidrocarburos en el estado social y democrático de derecho

Abstract

Lo analizado en esta investigación permite llegar a la idea de que es absolutamente necesario que el legislador se pronuncie específicamente respecto de las conductas delictivas que atentan contra la industria de los hidrocarburos en el Estado Social y Democrático de Derecho, de tal forma que se llegue a crear una conciencia jurídica en los operadores del sistema judicial en nuestro país, se obtenga la debida aplicación del principio de tipicidad frente a estas conductas y se logré la disminución de la impunidad que existe sobre la materia. Como pudo apreciarse en el desarrollo de este escrito, existen tipos penales que son adaptados por el operador judicial a las conductas antes descritas, pero que resultan ineficaces al momento de combatir este tipo de delincuencia por cuanto el juez debe encasillar unas conductas que tienen finalidades que se apartan en uno u otro sentido, de las actualmente utilizadas en los casos de atentados contra la industria petrolera. Por su parte, las altas cortes no producen fallos que suplan las deficiencias legislativas existentes, lo que genera impunidad frente a las conductas de los grupos al margen de la ley que atentan contra el ecosistema y la población indefensa ubicada en las cercanías de la infraestructura petrolera. Por tanto, si se hace referencia específica al caso de Machuca tratado en un acápite especial de esta investigación, se evidencia que el comportamiento delictivo de este grupo al margen de la ley va contra todos los principios constitucionales del Estado Social y Democrático de Derecho, es atentatorio contra la población civil que se encuentra por fuera del conflicto y en general, afecta todo el ecosistema por la degradación y los efectos contaminantes a causa de los innumerables atentados contra la industria de los hidrocarburos. En estos casos de graves violaciones a los Derechos Humanos, se debe acudir a los valores y principios del derecho penal constitucional y del derecho penal internacional, a fin de evitar la impunidad, sin sacrificar el debido proceso. Por esta razón, la jurisprudencia tiene la misión de actualizar permanentemente el derecho, a fin de adaptar, metodológicamente, y con un entendimiento racional y flexible, la ley a las nuevas y cambiantes necesidades de la organización social. Este cometido se hace exigente en tratándose de la macro criminalidad y la necesidad de administrar justicia material en casos complejos y difíciles como los que nos ocupan. Respecto de los casos de graves violaciones a los derechos a los Derechos Humanos, la jurisprudencia colombiana ha avanzado en el propósito de armonizar nuestro derecho público interno con los estándares internacionales de derechos humanos, con el fin de consolidar un nuevo derecho penal que al mismo tiempo sea eficaz y garantista.