Responsabilidad fiscal del ordenador del gasto en el marco de los contratos estatales de arrendamiento respecto de las mejoras realizadas al bien inmueble arrendado

Abstract

Mediante el presente estudio de investigación, se decidió abordar una de las necesidades relevantes del Estado colombiano, en concreto, el tema correspondiente, a la regulación e implementación de la responsabilidad fiscal de los ordenadores del gasto que, dentro de sus funciones, tengan la facultad de manejar y administrar recursos económicos estatales, especialmente cuando requieren invertir recursos públicos en bienes inmuebles arrendados por el Estado y que son propiedad de propiedad privada. Lo anterior, hace referencia aquellos procesos contractuales de arrendamiento que, efectúan las Entidades Estatales con particulares, en función de la satisfacción de necesidades y cumplimiento de los fines estatales, y que, durante la etapa de ejecución, se planea la inversión de recursos del Estado en ese bien inmueble, que le pertenece a un tercero, que es sujeto de derecho privado. De acuerdo con Restrepo (2020), la contratación estatal en Colombia, es una actividad fundamental para la Administración pública, que permite a través de las relaciones contractuales del Estado, la prestación de servicios con mayor eficiencia y eficacia. Antes de nada, es procedente indicar que al estar presente la administración y manejo de recursos públicos en la contratación estatal, según Puentes (2019), el control fiscal es base importante para que el Estado, realmente pueda ejecutar y llevar a cabo todos sus planes y propósitos en favor del interés general y que en efecto el patrimonio público y los bienes de la Nación no se vean menoscabados o en detrimento. En este orden de ideas, en Colombia, por medio de la Constitución Política (1991), en sus artículos 268 y 272, en primer lugar, se establece las atribuciones que tiene el Contralor General de República y en el artículo 272 se hace referencia a la vigilancia de la gestión fiscal para departamentos, distritos y municipios que cuenten con Contralorías, indicando que esta actividad debe ser posterior y selectiva.