ATRIBUCIÓN DE FUNCIONES JURISDICCIONALES A LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN: Una amenaza a los postulados de independencia e imparcialidad propios de las garantías judiciales

Abstract

Este artículo aborda las discusiones sobre la asignación de funciones jurisdiccionales a una autoridad administrativa, como lo es la Procuraduría General de la Nación, para satisfacer la medida de garantía de no repetición prevista por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de adecuar el ordenamiento jurídico interno a la Convención Americana. Para ello, implementamos como método el histórico-crítico. En primer lugar, partimos de la descripción de algunos casos representativos de la jurisprudencia internacional sobre la competencia de la Corte frente a disposiciones del derecho interno incompatibles con la Convención. En segundo lugar, presentamos un estudio cronológico de los acontecimientos que permearon el fenómeno de investigación en el ámbito nacional. Finalmente, presentamos las teorías que se plantearon en torno a esta discusión. Como hallazgo principal sostenemos que las reformas planteadas por el Estado colombiano en el nuevo Código Disciplinario no satisfacen los estándares mínimos exigidos por la Convención. Ello por cuanto la nueva reforma legislativa, en primer lugar, viola el principio de descentralización territorial al centralizar el poder disciplinario en la Procuraduría, desplazando la facultad disciplinaria de las entidades territoriales. En segundo lugar, la reforma desnaturaliza la figura excepcional establecida en la Constitución, ya que otorga a la Procuraduría funciones de instrucción y juzgamiento que van más allá de lo permitido, lo cual plantea preocupaciones sobre la imparcialidad, independencia y objetividad. Además, se cuestiona la necesidad de alterar el régimen disciplinario de todos los servidores públicos para permitir que juzgue a funcionarios democráticamente electos, siendo que ellos representan solo una pequeña parte de los servidores públicos en el país. Aunque la Corte Constitucional ha tomado medidas como la implementación automática del recurso extraordinario de revisión en cabeza de la jurisdicción contencioso-administrativa, se espera determinar si estas acciones logran resolver o mitigar la controversia mientras que el Congreso de la República estudia la adopción de un nuevo régimen disciplinario especial destinado a funcionarios de elección popular.