El servidor público y la objeción de conciencia: un análisis jurisprudencial desde las relaciones especiales de sujeción

Abstract

En primer lugar, debe mencionarse que la objeción de conciencia es un derecho fundamental que deviene de la consagración constitucional del derecho a la libertad de conciencia en donde una de sus dimensiones es la defensa de las condiciones que permiten la autodeterminación de las personas, es decir, la defensa de convicciones íntimas como la tendencia política, el credo, la orientación sexual, etc. La libertad de conciencia no cuenta con desarrollo legislativo alguno mediante ley estatutaria tal y como se exige constitucionalmente por lo cual el abordaje de este derecho por parte de la jurisprudencia ha obedecido a la necesidad de validar el ámbito de ejercicio del mismo, pero no bajo la construcción de una dogmática constitucional sino frente a eventos particulares, con lo cual la Corte Constitucional ha generado unos pocos y muy abstractos lineamientos de este derecho. Aunado a lo anterior, si bien en término genéricos la jurisprudencia enuncia tres dimensiones del derecho a la objeción de conciencia dentro de las cuales se resalta que nadie está obligado a actuar contra su propia conciencia (Sentencia SU-108 de 2016) debe ponerse de manifiesto que este principio no es absoluto sino que está afecto a juicios de ponderación según lo demande el caso; así, la Corte resalta la generalidad de esta dimensión del derecho en comento pero la morigera cuando aborda la posibilidad de objetar conciencia por parte de los funcionarios judiciales con lo cual, nuevamente, analiza este derecho pero respecto de casos concretos y en consecuencia no se cuenta con un lineamiento vinculante concreto, ni de orden legal ni jurisprudencial, respecto del núcleo duro y rígido de este derecho. En segundo lugar, ese vacío regulaciones tiene incidencia directa en la evaluación y valoración del ejercicio de ese derecho frente a la actividad de los servidores públicos y, más específicamente, en aquellos eventos en los cuales a juicio del servidor público sus más profundas convicciones se hallan en tensión con escenarios puntuales de su propio ámbito funcional en la medida en que ante dicha falta de regulación serán los principios de derecho constitucional y administrativo, específicamente en sede disciplinaria, los que orienten la forma de superar ese grado de tensión. In the first place, it should be mentioned that conscientious objection is a fundamental right that derives from the constitutional consecration of the right to freedom of conscience where one of its dimensions is the defense of the conditions that allow the self-determination of people, that is to say , the defense of intimate convictions such as political tendency, creed, sexual orientation, etc. Freedom of conscience does not have any legislative development through statutory law as constitutionally required, for which the approach of this right on the part of jurisprudence has obeyed the need to validate the scope of its exercise, but not under the construction of a constitutional dogma but against particular events, with which the Constitutional Court has generated a few and very abstract guidelines of this right. Coupled with the foregoing, although in general terms the jurisprudence enunciates three dimensions of the right to conscientious objection within which it is emphasized that nobody is obliged to act against their own conscience (SU-108 of 2016) must be made clear that this principle is not absolute but that it is subject to weighting judgments as the case demands; thus, the Court emphasizes the generality of this dimension of the right in comment but the morigera when it approaches the possibility of objecting conscience on the part of the judicial civil servants with which, again, it analyzes this right but with respect to concrete cases and consequently it is not counted with a specific binding guideline, neither of legal nor jurisprudential order, with respect to the hard and rigid core of this right. Secondly, this vacuum regulations have a direct impact on the evaluation and evaluation of the exercise of this right in relation to the activity of public servants and, more specifically, in those events in which, in the opinion of the public servant, his or her deepest convictions are in tension with specific scenarios of its own functional scope insofar as, in the face of such lack of regulation, the principles of constitutional and administrative law, specifically in disciplinary headquarters, will be the ones that guide the way to overcome this degree of tension.