la perspectiva de género en el régimen de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad

Abstract

La capacidad jurídica ha sido tradicionalmente concebida como la aptitud que tiene una persona para ser titular de derechos y contraer obligaciones; o en otras palabras, es la facultad con que gozan las personas para tomar decisiones jurídicamente vinculantes dentro del sistema normativo. Pero no solo esto, sino que conlleva la posibilidad de hacerlas respetar ante terceros, esto es, de ejercer los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico para la garantía de los derechos. No obstante, debe advertirse que la capacidad jurídica, puntualmente, la capacidad legal o de ejercicio, no es ilimitada, ni absoluta. Existen eventos previstos dentro del sistema normativo para limitarla, como lo puede ser el caso de las personas mayores de edad con discapacidad, a quienes legalmente se le han establecido una serie de restricciones a sus facultades para tomar decisiones jurídicamente vinculantes, e incluso, para decidir sobre su propia integridad y seguridad personal; lo anterior, por considerar que por motivo de la discapacidad, que puede incluir limitaciones psíquicas o comportamentales, estas personas no logran comprender el alcance de los actos jurídicos que normalmente se les permitía celebrar. Para efectos de brindar, si se quiere, un apoyo en la toma de decisiones de las personas mayores de edad con discapacidad, se han establecido figuras como el nombramiento de Curador Ad Litem, que han desembocado en situaciones adversas como la pérdida considerable de la autonomía e independencia para ejercer la capacidad jurídica, abusos, conflictos de intereses, entre otras circunstancias, que se pretendieron subsanar con la expedición de la Ley 1996 de 2019 “Por medio de la cual se establece el régimen para el ejercicio de la capacidad legal de las personas con discapacidad mayores de edad”; legislación que omitió tomar en consideración algunos aspectos de relevancia para lograr un régimen con enfoque de género, adecuado a las exigencias que impone el Estado social de Derecho y el sistema convencional, factores que serán analizados dentro del presente artículo.