La potestad jurisdiccional de la Procuraduría General de la Nación para sancionar a los servidores públicos elegidos por voto popular

Abstract

La Procuraduría General de la Nación es la autoridad administrativa encargada de vigilar las conductas que atenten contra el deber funcional de los funcionarios públicos, incluyendo los de elección popular, y la responsable de imponer las sanciones que tal incumplimiento acarrea, entre ellas la destitución, inhabilitación y suspensión del cargo. Por tanto, el presente artículo tiene por objeto revisar si esa competencia que ostenta el órgano de control fue modificada con la reforma al Código General Disciplinario, en donde le fueron otorgadas funciones jurisdiccionales al órgano de control para la vigilancia y sanción de los funcionarios elegidos por elección popular (Ley 2094, 2021). Así pues, la revisión que se hizo en el presente artículo permitió concluir que con funciones jurisdiccionales o sin ellas, la Corte Constitucional siempre ha considerado que dicha autoridad administrativa al estar investida de una atribución que le fue concedida por el constituyente, y por tratarse de una autoridad considerada como autónoma, independiente e imparcial, es y seguirá siendo la encargada de sancionar a dichos servidores ya sea cuando esa conducta provenga de un acto de corrupción o no.