Análisis de la Política Pública de Defensa Jurídica del Estado en Colombia 2002-2014

Abstract

En la segunda mitad de la década de los noventa, empieza a generar en nuestro país preocupación el comportamiento de la litigiosidad contra el Estado y su impacto en las finanzas; informes de los órganos de control y de organismos internacionales, advertían sobre la situación y llamaban la atención de las autoridades para la toma de medidas adecuadas para controlar dicha situación. Dichas advertencias dieron lugar a medidas de diversa índole, los gobiernos han definido mecanismos orientados a la contención de los litigios contra el Estado y a mejorar la defensa de la Nación en los procesos judiciales, desde el primer periodo del presidente Álvaro Uribe, el tema de la defensa jurídica del Estado se ha incorporado en los planes de desarrollo y se ha procurado la consecución de recursos para la financiación de las diferentes iniciativas. No obstante, los informes del propio gobierno, de los órganos de control, de la banca internacional, de centros de investigación y universidades, muestran reiteradamente, como la situación no cede. La presente investigación está orientada a evaluar las políticas públicas en materia de defensa jurídica, adoptadas e implementadas a partir del año 2002 y hasta el año 2014; con el fin de identificar las fortalezas y debilidades que afectaron las diferentes etapas de su ciclo vital, esto es, desde su formación, hasta los diferentes ajustes durante el periodo evaluado. El documento presenta en primer lugar la revisión de la información relevante que permite identificar el nivel de conocimiento alcanzado sobre el tema (estado del arte); renglón seguido, se analizan los elementos estructurales de dichas políticas en sus diferentes momentos, identificando: enfoques, instrumentos de política, actores, tipologías; posteriormente se aborda el análisis de cada una de las fases de su ciclo vital, finalmente, se cruza la información y se hacen las inferencias correspondientes, que permitan plantear las conclusiones correspondientes y formular las recomendaciones que se consideren pertinentes.

In the latest nineties, consciousness about litigiousness against the government and its impact on public finances start increasing in our country; national and international control agencies reports, point out about this situation and ask for the authorities in charge to take the appropriate actions to control such situation. This warning gave rise to different kind of actions, governments has define contention mechanisms for claims against the state and to improve national defense in judicial proceedings, since the first period of Alvaro Uribe as a president, national defense in judicial proceedings has been added to the development plans and efforts have been made to secure the necessary to finance these initiatives. Even thought, government, control agencies, international banking, research institutes and universities reports, repeatedly show how the situation does not yield. This investigation is aimed to evaluate public policy on legal defense, adopted and implemented from 2002 until 2014, in order to identify the strengths and weaknesses that affected the different stages of its life cycle, taking into consideration all adjustments and updates during the evaluated period. This document presents at first a review of all relevant information that allows us to identify the level of knowledge reached on this particular subject (state of the art); next, the structural elements of these policies are analyzed in their different moments, identifying: Approaches, policy instruments, actors, typologies; later each phase of its life cycle is analyzed, finally, information is analyzed and the corresponding inferences are made, allowing us to develop the appropriate conclusions and set relevant recommendations.