Implementación y efectividad de la acción penal privada en Colombia desde la Ley 1826 de 2017 en el marco del principio de Igualdad

Abstract

La acción penal privada en Colombia fue implementada a partir de la ley 1826 de 2017, la cual trajo consigo no solo la creación del procedimiento especial abreviado, sino además la inserción de la figura del acusador privado, mecanismo al que puede acceder diferentes víctimas con la representación de un abogado de confianza, quien deberá ser el encargado de solicitar ante la Fiscalía General de la Nación, la conversión de la acción penal pública a la privada, y en caso de ser avalada, ejercer la acción penal correspondiente hasta su judicialización. No obstante, luego de la promulgación de la norma en cita, es preciso indagar si la figura del acusador privado ha sido del todo efectiva para garantizar el acceso a la administración de justicia, así como para descongestionar los despachos judiciales y optimizar el derecho a la tutela judicial efectiva de las víctimas dentro de un plazo razonable, partiendo de la base de que si las víctimas no cuentan con los recursos económicos para contratar un abogado y los consultorios jurídicos a la fecha no se encuentran preparados para asumir el rol de acusador privado con sus estudiantes, esta novedosa alternativa jurídica, se encuentra supeditada al factor económico de las personas directamente afectadas con la comisión de un delito, como a lo largo de este trabajo se evidenciará. Por lo anterior, resulta necesario analizar la implementación y efectividad de la acción penal privada en Colombia dentro del marco del principio de igualdad, atendiendo las precarias condiciones económicas en las que se encuentran un gran número de víctimas dentro del proceso penal, lo que desde ya permite visualizar que sólo podrán acceder a un acusador privado aquellas personas que cuentan con los recursos económicos para pagarlo.