El principio de buena fe en el proceso de extinción del derecho de dominio

Abstract

La propiedad es un reconocido derecho real que tiene toda persona, sin embargo, la norma Constitucional establece una sanción a quien ha adquirido bienes mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio de la sociedad, el tesoro público, o cuando se ha obtenido con grave deterioro de la moral social. Ese derecho apareja unas cargas y obligaciones relacionadas con la función social y ecológica que debe cumplir la propiedad privada (Const. Pol., 1991, art. 58), de suerte que no basta que el propietario haya adquirido ese derecho con justo título, sino que, además, tiene la obligación de velar porque dicha posesión cumpla con el propósito social y ecológico, pues de lo contrario sufrirá las consecuencias que conllevan el incumplimiento de esa función, dentro de la Ley 1708 de 2014, facultando a la Fiscalía General de la Nación para poner en movimiento el aparato judicial y someter la propiedad a un trámite extintivo, el cual tiene como finalidad la declaratoria de titularidad en favor del Estado mediante sentencia, sin contraprestación, ni compensación de naturaleza alguna. Por lo anterior, es importante estudiar el principio de buena fe y su aplicación dentro del proceso de extinción del derecho de dominio, pretendiendo demostrar la relevancia que tienen los medios probatorios, y con ello lograr demostrar la condición de terceros de buena fe, exentos de toda culpa y ajenos a la acción penal. Ahora bien, el acceso a la justicia y el debido proceso que concurre en cualquier litigio son contundentes para lograr la certeza de que los operadores judiciales garanticen los derechos que les asisten a las partes involucradas, logrando efectivizar y proteger los valores superiores de la justicia, equidad y seguridad jurídica.