Indemnización del daño a la salud entre la principio de reparación integral y la discrecionalidad judicial

Abstract

En el marco del régimen indemnizatorio de la responsabilidad extracontractual del Estado, éste debe responder por el detrimento patrimonial que sufre una persona o un grupo de personas, la cual no tiene el deber jurídico de soportarlo, conocido como un daño antijurídico que es imputable al Estado, fundamentado constitucionalmente en el artículo 90 de la Carta política de 1991. Una vez se dan los requisitos para la declaratoria de responsabilidad del Estado, es decir existe una falla del servicio o una responsabilidad objetiva a título de daño especial o riesgo excepcional, la Corte Constitucional en sus sentencias ha señalado que la indemnización que se otorgue debe dejar indemne a la persona que sufra los perjuicios, quiere decir esto que ésta debe nuevamente encontrarse como si el daño no hubiera ocurrido o se aproxime a como estaba con anterioridad a éste, guardando como lo aduce esta corporación correspondencia con la magnitud del daño causado. La reparación del daño extracontractual del Estado pretende respeto a las garantías fundamentales y principios constitucionales tales como la seguridad jurídica, la equidad, la dignidad, la justicia, la igualdad e integralidad. Los perjuicios y/o daños a las personas tradicionalmente han estado divididos en dos grupos, esto es, daños patrimoniales o materiales y daños extrapatrimoniales o inmateriales, sobre esta división se ha estructurado la doctrina y la jurisprudencia colombiana desde tiempos ancestrales. El daño patrimonial que es entendible bajo las categorías de daño emergente y lucro cesante y el daño extrapatrimonial o inmaterial cuyo axioma es que: “todo daño que no tenga cabida en el daño patrimonial es extrapatrimonial” es un grupo abierto de daños teniendo en cuenta que en esta categoría tienen cabida todos los daños que no sean patrimoniales. Within the framework of the indemnity regime of the non-contractual liability of the State, the latter must respond for the patrimonial detriment suffered by a person or a group of persons, which does not have the legal duty to bear it, known as unlawful damage that is imputable to the State. , constitutionally based on Article 90 of the 1991 Political Charter. Once the requirements for the declaration of State responsibility are met, that is, there is a service failure or an objective liability as a special or exceptional risk, the Court Constitutional in its judgments has indicated that the compensation awarded should leave harmless the person who suffers the damages, means that this must again be found as if the damage had not occurred or approaching as it was before it, keeping As this corporation adduces, it corresponds to the magnitude of the damage caused. The non-contractual damage compensation of the State seeks to respect fundamental guarantees and constitutional principles such as legal security, equity, dignity, justice, equality and comprehensiveness. Damages and / or damage to people have traditionally been divided into two groups, that is, property or material damage and extra-marital or non-pecuniary damages. Colombian doctrine and jurisprudence have been structured on this division since ancient times. The patrimonial damage that is understandable under the categories of emergent damage and lost profit and the non-pecuniary or non-pecuniary damage whose axiom is that: "all damage that does not have a place in the patrimonial damage is extra-patrimonial" is an open group of damages taking into account that in this category all damages that are not patrimonial belong.