Maestría en Derecho Penal y Criminología

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    Item type:Ítem,
    La prueba violatoria al derecho de la intimidad personal y su eventual exclusión en el proceso penal Colombiano
    Ibáñez Macías, Alejandro; Freja Calao, Alait De Jesus
    En la actualidad el derecho penal se ha reconocido como una rama del derecho público interno que puede servir como solución a cualquier tipo de situación, esto en razón que mediante la agresión que este representa a través sus penas, permite un control social aparente. Observamos año tras año, como las políticas criminales de nuestro país suelen crear mucho mas tipos penales, lo anterior permite inferir que esta solución va dirigida al endurecer y fortalecer las sanciones; sin embargo, podemos pensar o suponer que el problema real radica no solo está en la tipificación de nuevas conductas punibles, la solución se ve también en el fortalecimiento de la ejecución del derecho penal; esto entiéndase como el deber que tiene el Estado no solo crear normatividad prohibitiva, si no, a su vez, contar con herramientas que permita desvirtuar el principio de inocencia de la persona que puede verse involucrada dentro de un proceso judicial con todas sus garantías legales, que tiene como norte el orden justo, principio y al mismo tiempo garantía constitucional que debe ser evidenciado como finalidad de cualquier tipo de actuación, este ya sea de carácter administrativo o judicial, toda vez, que la justicia dentro de su razón filosófica cuenta con muchas definiciones, sin embargo a modo de conceptualizar, nos remitiremos como la señalada por Rawls (1971) en su teoría de la justicia, en la que podemos señalar que aquellos que “estando bajo este velo de ignorancia se le pediría a las personas que eligieran las reglas que gobernarían la sociedad en la que ellos, luego de la decisión, se verían forzados a vivir”(pág.25); en nuestro modelo de Estado, es preciso señalar, que si bien, la justicia es un valor y principio constitucional, este no puede ser llamado a ser un fin que se debe conseguir a todo costo, este debe respetar los principios y garantías constitucionales que nuestro Estado ofrece y profesa, si bien, el ánimo de justicia por parte de la ciudadanía es normal, lo bien cierto, es que no podemos hablar de justicia violando las garantías que el mismo debo ofrecer, el presente documento, es el resultado de un proyecto de investigación adelantado por el autor, que tiene como finalidad evidenciar cuales son los limites y criterios que deben ser tenidos en cuenta, para que las pruebas que son obtenidas en la órbita de la esfera privada de una persona, puedan ser admitidas y/o permanecer dentro del proceso, circunstancias que le permite que la verdad se evidencie en este proceso penal.
  • Miniatura
    Item type:Ítem,
    Consecuencias de la inaplicabilidad del principio de oportunidad en la ciudad de Barranquilla en el año 2014
    Araujo Aguirre, Diego Andrés; Montalvo, Cristina
    Todo estado tiene el interés legítimo justificado en su poder punitivo, de hacer frente al delito, esta facultad es plagiada a la sociedad, para la construcción de una justicia penal pública, que evite la solución de los problemas de la sociedad en manos de los mismos. Por tal razón siempre y cuando se ajuste a los mandatos legales todo estado está autorizado para hacer frente y combatir el fenómeno delictivo, para tal efecto es necesario el diseño de estrategias legislativas, administrativas, judiciales y policivas que coadyuven a la materialización de esta finalidad, esta aglomeración normativa es denominada política criminal, la cual es la postura de un estado en lo que respecta a la contención del fenómeno delictivo, y la cual tiene diversas formas de manifestarse. Una vez trazada la política criminal de cualquier estado, es importante que se aplique un proceso de selectividad, el cual actúa en forma de filtro, destinado a realizar una valoración de la procedencia de la acción penal, es decir determinar en qué casos específicos es menester una intervención del estado para la resolución de determinado conflicto jurídico de naturaleza penal, este principio de selectivas y necesidad en el ordenamiento jurídico colombiano fue posible con la llegada del sistema penal oral acusatorio mediante la implementación del principio de oportunidad, el cual representa la excepcionalidad del estado en manos del ente acusador para renunciar al ejercicio de la acción penal, motivados por los mandatos de la política criminal diseñada por el legislativo pero interpretada por el ente acusador, es decir la fiscalía general de la nación.