Análisis de Compatibilidad del Sistema Procesal Penal de Ecuador y Colombia con respecto a la aplicación del artículo 7.5 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos

Abstract

Resumen Ejecutivo Este trabajo de investigación tiene como finalidad describir la compatibilidad del sistema procesal penal de Ecuador y Colombia respecto a la detención de personas con ocasión de las protestas sociales suscitadas en 2019 y 2021 (respectivamente) y la aplicación e interpretación jurisdiccional en audiencias de flagrancia sobre el artículo 7.5 de la Convención Americana de derechos humanos que asegura que toda persona detenida debe ser puesta a disposición judicial en un plazo razonable para decidir su situación jurídica y ser puesta en libertad sin perjuicio de que continúe el proceso penal, considerándose que la restricción de su libertad opera de modo excepcional y está condicionada a que se asegure su inmediación en juicio y no entorpezca el normal desarrollo del proceso. En este contexto, el rol que representan los jueces frente al fenómeno de las protestas sociales resulta ambivalente. Por una parte, tienen el deber convencional, constitucional y legal de ser garantes de derechos de las personas detenidas que deben ser puestas a su disposición en los casos de flagrancia. Por otra parte, los gobiernos acuden al uso del derecho penal para la represión de las conductas ampliadas que devienen de la protesta social que aun careciendo de lesividad se han expandido a la mera infracción de norma. Bajo este esquema, los jueces están obligados a ser un contrapeso del poder en las democracias de Ecuador y Colombia para asegurar derechos de los ciudadanos y evitar privaciones de libertad masivas e infundadas que más tarde pueden dar lugar a reclamaciones en contra de los Estados en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos