Vulneración del Principio de Celeridad Procesal y Debida Administración de Justicia en la Ley 1826 de 2017

Abstract

En el artículo aquí presentado se hace un análisis de las herramientas jurídicas y procesales que permiten determinar si con la entrada en vigencia de la Ley 1826 de 2017 -Código de Procedimiento Penal Especial Abreviado y Acusador Privado- se garantiza el principio de Celeridad Procesal y Debida Administración de Justicia. Su objeto es determinar las fallas que presenta dicho procedimiento para que todos los querellantes legítimos puedan solicitar la conversión de la acción penal de pública a privada, y mediante ello obtengan una pronta solución en sus procesos y una eficiente administración de justicia. Dicho estudio se fundamenta principalmente en la reflexión acerca de si cumple con la descongestión de los despachos judiciales, y si con la entrada en vigencia de la norma en estudio se dio celeridad a los procesos, para así garantizar a las víctimas de delitos de menor gravedad que se haga justicia en sus casos.