Responsabilidad patrimonial del Estado frente al daño causado por las fallas en la prestación del servicio de seguridad a los firmante de paz – Adecuación del título de imputación

Abstract

El conflicto armado en Colombia, que involucró a las FARC-EP durante más de 50 años, ha sido una historia continua de intentos de paz y desarme. El proceso de paz tramitado durante el gobierno de Juan Manuel Santos culminó en un acuerdo histórico en 2016, con seis puntos principales destinados a abordar las raíces del conflicto. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados por las diferentes entidades estatales, según la misión de verificación de la ONU al menos 355 firmantes de paz de las FARC-EP han sido asesinados desde la suscripción del referido instrumento. En este sentido, la materialización de la prestación del servicio de seguridad a los firmantes no ha sido el adecuado. Debe advertirse que el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto encontró sustento jurídico a raíz de las disposiciones del Acto Legislativo No. 1 de 2016, aunado a distintas normatividades como el Decreto Ley 899 de 2017 o el Decreto 299 del 23 de febrero de 2017, de las cuales, nacen unas obligaciones especiales para el Estado colombiano relacionadas con brindar una prestación adecuada en el servicio de seguridad a los firmantes de este instrumento para la paz, que de no ser cumplidas satisfactoriamente, pueden desencadenar en la configuración de responsabilidad patrimonial del Estado frente a eventuales daños antijurídicos que se produzcan por la falla en la prestación de ese servicio, aspecto que comprendió el objetivo principal de la presente investigación, aunado a la adecuación del título de imputación aplicable para este tipo de casos.