LA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA: ANÁLISIS A PROPÓSITO DE LA JURISDICCIONALIZACIÓN DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA EN COLOMBIA

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dc.contributor.advisorTorregrosa, Rodolfo Alfonso
dc.contributor.authorAparicio León, Rafael Humberto
dc.contributor.authorSantiago Enciso, Angela Patricia
dc.coverage.spatialBogotáspa
dc.creator.emailrafaelh-apariciol@unilibre.edu.cospa
dc.creator.emailangela-santiago@unilibre.edu.cospa
dc.date.accessioned2024-11-06T14:34:22Z
dc.date.available2024-11-06T14:34:22Z
dc.date.created2024-11-06
dc.description.abstractLa sentencia de Petro Urrego vs Colombia, proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), estableció que los servidores públicos que se elijan a través de voto popular no deben sancionarse -verticalmente- por una autoridad de orden administrativo, sino que dicha sanción corresponde a un juez penal en el marco de un proceso penal. En consecuencia, el Gobierno promulgó la Ley 1952 de 2019 -modificada por la Ley 2094 de 2022- redefiniendo las competencias y funciones de la Procuraduría General de la Nación (PGN) para garantizar su independencia y cumplir con las obligaciones de vigilancia superior -previstas en la Constitución- sobre los servidores públicos. No obstante, la Corte Constitucional -mediante sentencia C-030-2023 declaró inconstitucional el artículo 12 de la Ley 2094 de 2021 mismo que otorgaba funciones jurisdiccionales a la PGN. La Corte argumentó que esta asignación de funciones vulneraba el derecho al debido proceso y no era proporcional; adicionalmente, introdujo el modelo disciplinario expansivo, cambiando la función disciplinaria de la PGN; ahora, se requiere intervención judicial en sanciones a funcionarios públicos electos, preservando la supervisión de la PGN pero dotando al proceso del mentado principio de jurisdiccionalidad. La Ley 1952 de 2019 (y la Ley 2094 de 2021 que la modifica). Así las cosas, se cuestiona -a través del presente trabajo escrito- si la efectividad disciplinaria solo se logra con intervención judicial. Este proyecto busca ahondar en la potestad disciplinaria que tiene el Estado de Colombia de cara a los estándares que, en el orden internacional, se tienen en materia de Derechos Humanos. La reforma legislativa enfrenta el reto de equilibrar la sanción de la PGN con el respeto a los derechos reconocidos en el ámbito internacional. Para estos efectos, también hay un análisis de la concepción de la autotutela administrativa en sede disciplinaria.spa
dc.description.abstractenglishThe ruling of Petro Urrego vs Colombia, of the Inter-American Court of Human Rights (CoIDH), established that public servants who are elected through popular vote should not be sanctioned - vertically - by an administrative authority, but rather said sanction corresponds to the competent judge. Consequently, the Government promulgated Law 1952 of 2019 - modified by Law 2094 of 2022 - redefining the powers and functions of the Attorney General's Office (PGN) to guarantee its independence and comply with the higher surveillance obligations - provided for in the Constitution - on public servants. However, the Constitutional Court - through ruling C-030-2023 - declared unconstitutional article 12 of Law 2094 of 2021, which granted jurisdictional functions to the PGN. The Court argued that this assignment of functions violated the right to due process and was not proportional; Additionally, it introduced the expansive disciplinary model, changing the disciplinary function of the PGN; Now, judicial intervention is required in sanctions against elected public officials, preserving the supervision of the PGN but providing the process with the aforementioned principle of jurisdictionality. Law 1952 of 2019 (and Law 2094 of 2021 that modifies it). Thus, it is questioned - through this written work - whether disciplinary effectiveness can only be achieved with judicial intervention. This project seeks to delve into the disciplinary power that the State of Colombia has in relation to the standards that, in the international order, exist in matters of Human Rights. The legislative reform faces the challenge of balancing the sanction of the PGN with respect for internationally recognized rights. For these purposes, there is also an analysis of the conception of administrative self-protection at disciplinary headquarters.spa
dc.description.sponsorshipUniversidad Libre de Colombia. Bogotá D.C. - Facultad de Derecho. Programa: "MAESTRIA EN DERECHO DISCIPLINARIO"spa
dc.formatPDFspa
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/10901/30304
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dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.subjectJurisdiccionalización Derecho Disciplinario.spa
dc.subjectAutotutela Administrativaspa
dc.subjectPotestad Disciplinaria.spa
dc.subject.subjectenglishJurisdictionalization Disciplinary Law.spa
dc.subject.subjectenglishAdministrative Self-protection.spa
dc.subject.subjectenglishDisciplinary Power.spa
dc.titleLA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA: ANÁLISIS A PROPÓSITO DE LA JURISDICCIONALIZACIÓN DE LA POTESTAD DISCIPLINARIA EN COLOMBIAspa
dc.title.alternativeADMINISTRATIVE SELF-GUARDIANSHIP: ANALYSIS REGARDING THE JURISDICTIONALIZATION OF DISCIPLINARY POWER IN COLOMBIA.spa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/masterThesisspa
dc.type.localTesis de Maestríaspa

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