Los límites normativos a la obtención de evidencias en el derecho penal colombiano: aportes desde el derecho comparado

Abstract

Los actos de investigación que se adelantan en el proceso penal para la obtención de evidencias están trazados por unos limites en nuestro Estado Social de Derecho, siendo los Derechos Fundamentales de los ciudadanos la barrera de protección frente a las injerencias del poder punitivo del Estado en garantía de los derechos a la intimidad, dignidad humana, libertad, entre otros, generándose por tanto un conflicto o tensión entre los fines del Estado y los derechos fundamentales que ampara a toda persona. En Colombia, existe un sistema de tendencia acusatoria de partes, Fiscalía y Defensa, cuyas acciones y pretensiones deben ser controladas por un juez imparcial, competente y neutral, empero, ha sido la corte constitucional en su artículo 250 numeral 2 que concedió facultades a la fiscalía, quien es parte, para la intromisión del derecho a la intimidad de manera directa sin control previo de juez, autorizándole ordenar diligencias de allanamiento y registro e interceptación de comunicaciones, para lo cual la fiscalía autoevaluara los motivos fundados y construirá el test de proporcionalidad para emitir la orden, teniendo un interés en el resultado, lo que claramente va en contravía de la imparcialidad que se debe tener frente a las actuaciones que limiten derechos y que se debe garantizar en todo el proceso penal, incluyendo la fase de indagación. El interés fundamental de este trabajo es establecer los limites normativos existentes en la actualidad para la obtención de evidencias cuando se afectan derechos fundamentales y si estos están acordes con los convenios internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia. Igualmente, desde el derecho comparado con las legislaciones de Estados Unidos y España, determinar que normatividad tienen establecido en este tipo de actuaciones estatales para la obtención de evidencias y finalmente concluir si la se cuentan con las condiciones de garantizar a todo ciudadano un juicio justo como lo demanda nuestro de Derecho.